A finales de 2020, alrededor de 1% de la población mundial —82,4 millones de personas— había sido desplazada forzosamente como consecuencia de la persecución, el conflicto o la violencia generalizada. La pandemia de COVID-19 expuso e intensificó la desigualdad y la discriminación. De hecho, la crisis creó importantes trastornos en el funcionamiento de los gobiernos y ha puesto a prueba, debilitado y en algunos casos destrozado los sistemas de derechos y protección de los países. La pandemia está afectando a los más vulnerables en todo el mundo de forma desproporcionada y los niños corren un alto riesgo. La recuperación de la crisis y el desarrollo sostenible deben construirse sobre la base de la paz, la estabilidad, el respeto de los derechos humanos, la gobernanza efectiva y el estado de derecho.